El Ayuntamiento de Toro aprobó en pleno extraordinario modificar el plan de ajuste vigente hasta el año 2023, por la variación de las condiciones financieras de un crédito ICO concertado para el pago a proveedores y que propiciarán un ahorro a las arcas municipales de 22.852 euros.
La portavoz del equipo de Gobierno, Ángeles Medina, recordó que en el mes de mayo fue aprobada la modificación de las condiciones de un préstamo ICO, con el objetivo de ahorrar al Ayuntamiento la liquidación de intereses correspondiente al 30 de junio.
Sin embargo, para evitar el pago de los intereses del presente mes, el Ministerio de Hacienda comunicó al Ayuntamiento que debía modificar el plan de ajuste en vigor, al variarse las condiciones financieras y al incorporar nuevas medidas en materia de ingresos y de gastos.
El Ayuntamiento decidió solicitar la modificación del préstamo para mejorar el tipo de interés y tras constatar que cumplía una serie de requisitos exigidos como el periodo medio de pago a proveedores, el nivel de endeudamiento o el ahorro neto positivo.
Con la modificación de las condiciones del crédito, el Ayuntamiento no tendrá que hacer frente al primer pago de la liquidación de intereses el 30 de junio, aunque también el cambio conlleva una rebaja del tipo del interés del 1,3 al 0,58%, lo que supondrá un ahorro de 22.852 euros a las arcas municipales.
Durante la sesión plenaria celebrada ayer, también se informó a los concejales sobre la resolución de Alcaldía relativa al allanamiento en los procedimientos iniciados a instancia de dos empresas eléctricas ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por los que se impugna la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos del municipio.
La portavoz socialista destacó que, al igual que viene sucediendo en otros municipios de España que han aprobado la misma ordenanza, en el caso de Toro dos empresas han decidido interponer recursos contra la aplicación de la ordenanza.
Tras el inicio del procedimiento, el Ayuntamiento ha contestado al juzgado en el plazo de cinco días establecido y, en base a sentencias ya dictadas para evitar perder el juicio, en la ordenanza se modificará el gravamen que se había fijado en un 5% para todos los casos y que, para las eléctricas, se reducirá al 2,5%.
Sobre este asunto, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gómez, requirió al equipo de Gobierno explicaciones sobre la contratación de un despacho de abogados, por un importe que supera los 5.000 euros, para defender al Ayuntamiento.
Por su parte, la concejala del PP, María de la Calle, destacó que la figura del allanamiento es la opción más ventajosa a la que ha podido recurrir el Ayuntamiento para reducir costes jurídicos del proceso.
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