Evitar la paralización absoluta por falta de liquidez de la actividad económica y prevenir un mayor impacto económico negativo en el tejido industrial y de servicios de las pequeñas y medianas empresas de Toro, así como de los autónomos. Con estos objetivos, el Ayuntamiento adoptó ayer un conjunto de medidas económicas y de "alivio fiscal" para apoyar a toresanos que trabajan en sectores productivos que han tenido que paralizar su actividad tras la declaración del estado de alarma por el coronavirus y de cuyos ingresos dependen numerosas familias.
Además, el Ayuntamiento de Toro garantiza el pago de las facturas pendientes de abono a proveedores de la entidad tras valorar que el citado pago ayuda a la liquidez y capacidad económica de los contratistas, distribuidores y autónomos para afrontar una situación excepcional. Una de las medidas de flexibilización fiscal que aplicará el Ayuntamiento se basa en la exención de las tasas por ocupación del dominio público y de servicios deportivos durante la vigencia del estado de alarma, aunque también ampliará el plazo de pago en periodo voluntario del impuesto de vehículos de tracción mecánica, la tasa de vados, el IBI o el IAE, plazo que se amplía de 60 a 90 días. Por otra parte, el Ayuntamiento de Toro también concederá aplazamientos y fraccionamientos de pago exentos de intereses en las cuotas o plazos que los interesados soliciten, siempre y cuando se trate de deudas devengadas durante el presente ejercicio y aprobadas en el estado de alarma y con posterioridad a su vigencia. La misma medida se extenderá a personas físicas o jurídicas cuya capacidad económica haya quedado mermada como consecuencia de las restricciones impuestas por el coronavirus, aunque los solicitantes deberán demostrar que han sido objeto de un ERTE o un ERE declarado a partir del estado de alarma o que su actividad productiva se ha visto paralizada por las circunstancias excepcionales. En cualquier caso las solicitudes serán examinadas por el departamento de Tesorería, que se pronunciará sobre la procedencia o no de las circunstancias que motiven la aplicación de los beneficios fiscales.
FUENTE: LA OPINION DE ZAMORA
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